Los medicamentos ante las nuevas realidades económicas
(1997; 272 páginas) [English]
Table of Contents
View the documentNOTA SOBRE LOS AUTORES
View the documentPRESENTACIÓN
View the documentPRÓLOGO
View the documentGLOSARIO
Open this folder and view contentsI. EL ENTORNO ECONOMICO GLOBAL
Close this folderII. LA REFORMA DE LOS SISTEMAS DE SALUD
Open this folder and view contentsII.1. El impacto sobre los medicamentos de la contención del gasto y las reformas en la asistencia sanitaria, por Elias Mossialos
Close this folderII.2. La reforma de la atención a la salud en América Latina. El rol del Estado y los medicamentos esenciales, por Alberto Infante
View the document1. INTRODUCCIÓN
Open this folder and view contents2. EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL Y EL ROL DEL ESTADO
Close this folder3. LA REFORMA DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN AMÉRICA LATINA
View the document3.1. La financiación del sector salud
View the document3.2. El gasto en salud
View the document3.3. La cobertura
View the document3.4. Las políticas de ajuste en el sector
Close this folder3.5. Tres experiencias prácticas
View the document3.5.1. El caso chileno
View the document3.5.2. El caso costarricense
View the document3.5.3. El caso colombiano
View the document3.5.4. 1993: ¿Un cambio de rumbo?
Open this folder and view contents4. LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES
View the documentBIBLIOGRAFÍA
Open this folder and view contentsII.3. Regulación, políticas y medicamentos esenciales, por Juan Ignacio Arango F.
Open this folder and view contentsIII. LAS TRANSFORMACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Open this folder and view contentsIV. SINTESIS Y PREVISIONES
View the documentBIBLIOTECA CIVITAS ECONOMÍA Y EMPRESA - COLECCIÓN ECONOMÍA - SERIE TRATADOS Y MANUALES
View the documentCUBIERTA POSTERIOR
 
3.5.4. 1993: ¿Un cambio de rumbo?

Formando parte de una serie iniciada en 1990 con el Informe sobre la Pobreza (el primero sobre el tema desde 1980) seguida, en 1991, con el Informe sobre las Estrategias de Desarrollo y, en 1992, con el Informe sobre el Medio Ambiente, a mediados de 1993 apareció el Informe sobre el Desarrollo Mundial: Invirtiendo en Salud (WORLD BANK, 1993), probablemente el documento de conjunto más importante sobre la salud en los países en desarrollo publicado hasta entonces. Completando un interesante ciclo de renovada preocupación por sectores «olvidados» durante más de una década, el Informe Anual de 1994 se dedicó a infraestructura.

El informe, documento muy matizado y para cuya elaboración se contó, entre otros organismos, con la colaboración de la OMS y la UNICEF, parte de los logros alcanzados en la mejora de la salud durante la últimas décadas; gira en torno a los conceptos de mortalidad evitable y carga de enfermedad; recoge la estrategia de «salud para todos» y las propuestas de la Cumbre mundial en favor de la infancia; reconoce los problemas generados por las incertidumbres y deficiencias del mercado de seguros sanitarios y propone una «orden del día para la acción» articulado en torno a tres ejes:

a) que los gobiernos fomenten un entorno económico que permita a las familias mejorar su salud mediante la adopción de políticas económicas que beneficien a los más necesitados, invirtiendo más en educación y protegiendo los derechos políticos y sociales de las mujeres;

b) que se debe mejorar el gasto público en salud mediante: b.1) la reducción del gasto en el nivel terciario, b.2) el financiamiento de un conjunto de medidas de salud pública entre las que destacan la lucha contra las enfermedades infecciosas, la prevención del SIDA, la contaminación medioambiental y los comportamientos que (como conducir ebrio) ponen en riesgo a otros, b.3) financiando y prestando un conjunto de servicios clínicos esenciales cuyas características sólo pueden determinar los países según sus características epidemiológicas, las preferencias nacionales y el nivel de ingreso, b.4) mejorando la gestión de los servicios públicos de salud a través de la descentralización y la subcontratación de servicios;

c) que se debe promover la diversidad y la competencia (incluida la competencia internacional) tanto en el aseguramiento de la asistencia no incluida en el paquete básico, como en la provisión de los servicios y el suministro de insumos, y fomentarse, asimismo, la difusión de información sobre el desempeño de los proveedores de servicios, medicamentos y equipos, sobre el coste y la eficacia de las intervenciones y sobre el nivel de acreditación de los establecimientos de salud.

Sin perjuicio del mayor o menor grado de acuerdo que el contenido de dicho programa pueda suscitar, el libro (205 páginas de texto, 130 de apéndices estadísticos y un extenso glosario de términos y siglas) se ha convertido en un documento de consulta inevitable. Su impacto sobre las políticas de salud de los gobiernos de América Latina ha sido grande. No hay todavía, sin embargo, evidencia de hasta qué punto su aparición vaya a significar un cambio en los préstamos del Banco y las instituciones conexas. Una revisión sobre la orientación de la política de préstamos del Banco Mundial realizada tras la publicación del Informe sobre la Pobreza no permitiría, por desgracia, ser demasiado optimistas (EMMERIJ, 1993).

Un año después, en julio de 1994, la XLVI Reunión del Comité Regional de la Conferencia Sanitaria Panamericana conoció el Informe Conjunto de la CEPAL y la OPS sobre «Salud, equidad y transformación productiva en América Latina y el Caribe». Se trata, sin duda, de un documento llamado a tener importancia en la región. Partiendo de un enfoque multisectorial, pretende compatibilizar equidad con eficiencia en la asignación de recursos y eficacia en las intervenciones. Enfatiza la promoción, la prevención y la acción intersectorial. Propone ampliar la cobertura garantizando acceso universal a un paquete básico de prestaciones técnicamente definido, financiable y socialmente aceptable. Insiste en la focalización de acciones hacia grupos de menor ingreso y mayor riesgo. Incorpora la necesidad de invertir en infraestructura, desarrollo institucional y recursos humanos. Señala la necesidad de reformar la financiación y la gestión tanto de los sistemas de salud (plano «macro») como de los servicios (plano «micro»). Ratifica la importancia creciente para los poderes públicos de las funciones de regulación sin contraponerlas a las de provisión. Y vincula la descentralización a la participación comunitaria y la responsabilidad individual y colectiva de la población sobre su propia salud.

El documento (de 115 páginas) sigue a otro elaborado en 1992 conjuntamente por la CEPAL y la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina (CEPAL/OFICINA REGIONAL DE LA UNESCO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1992). Muestra bastantes coincidencias con las propuestas del Informe del Banco Mundial pero sus énfasis son distintos. Por ejemplo, insiste en el desarrollo institucional y en la participación colectiva. Menciona, entre otras posibilidades, la reducción de gastos militares, el cierre o privatización de empresas ineficientes y la reducción del fraude fiscal o del fraude en el pago de cuotas (LEÓN, 1993, pp. 17-19) como mecanismos lógicos, en épocas de distensión global y crecimiento económico, para incrementar los ingresos de los ministerios y cajas del seguro. Afirma que la ampliación de la participación del sector privado no debe tener como objeto reemplazar al Estado sino aportar mayor racionalización al sector público. Constata, en fin, que la existencia de dos subsistemas públicos separados en la financiación y la provisión (uno para pobres y otro para menos pobres) es negativa y debe corregirse.

En mi opinión el documento es menos analítico que el informe del Banco Mundial, demasiado optimista en cuanto a los presuntos beneficios de la competencia entre aseguradoras públicas y privadas y poco preciso sobre el contenido y límites de la descentralización de servicios (COLLINS y GREEN, 1994) (rasgos que comparte con el informe del banco). Con todo, creo que se adapta algo mejor que aquél, probablemente por referirse sólo a América Latina y el Caribe, a la realidad y tendencias de la región. No obstante su utilidad habrá que medirla por su influencia en las políticas sanitarias nacionales.

Por último, conviene analizar el apartado 17 del Programa de acción de la Cumbre de las Américas (Miami, diciembre 1994). Su parte sustantiva proclama la voluntad de reducir en el año 2000 la mortalidad infantil a un tercio y la materna a la mitad de las del año noventa. Se enfatiza la atención a los pobres, discapacitados e indígenas. Se insta la búsqueda de financiación internacional para luchar contra las enfermedades transmisibles endémicas (incluido el SIDA). Se anima a fortalecer la infraestructura sanitaria pública. Se apoya el establecimiento de un paquete básico y, aunque dos líneas antes se insiste en que debe establecerlo cada país, se define su contenido: educación sanitaria (incluida la prevención del SIDA), planificación familiar y salud maternoinfantil e infantil. Y se acuerda una reunión hemisférica auspiciada por el BID, el Banco Mundial y la OPS, sobre reformas de los sistemas de salud.

En síntesis, una propuesta de paquete básico que, al no estar definida siquiera en términos de «mínimos», resulta mucho más restrictiva y focalizada (salud materno infantil, enfermedades infecciosas y grupos «marginados») de lo deseable.

Dado que, a comienzos de 1995, varios países (Guatemala, El Salvador, Ecuador, Uruguay y Argentina entre otros) han iniciado o tienen previsto iniciar procesos de reforma sectorial, cabe desear que la mencionada reunión, a celebrar en la sede de la OPS los días 29 y 30 de septiembre próximos, y para cuya preparación se creó un grupo de trabajo entre BID, Banco Mundial, OEA, CEPAL y OPS (VIERA, 1995), contribuya al intercambio de experiencias, y avance en la definición de un marco de referencia de las reformas y en el papel de la cooperación técnica y financiera a las mismas.

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