Los medicamentos ante las nuevas realidades económicas
(1997; 272 páginas) [English]
Table of Contents
View the documentNOTA SOBRE LOS AUTORES
View the documentPRESENTACIÓN
View the documentPRÓLOGO
View the documentGLOSARIO
Open this folder and view contentsI. EL ENTORNO ECONOMICO GLOBAL
Close this folderII. LA REFORMA DE LOS SISTEMAS DE SALUD
Open this folder and view contentsII.1. El impacto sobre los medicamentos de la contención del gasto y las reformas en la asistencia sanitaria, por Elias Mossialos
Close this folderII.2. La reforma de la atención a la salud en América Latina. El rol del Estado y los medicamentos esenciales, por Alberto Infante
View the document1. INTRODUCCIÓN
Open this folder and view contents2. EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL Y EL ROL DEL ESTADO
Close this folder3. LA REFORMA DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN AMÉRICA LATINA
View the document3.1. La financiación del sector salud
View the document3.2. El gasto en salud
View the document3.3. La cobertura
View the document3.4. Las políticas de ajuste en el sector
Close this folder3.5. Tres experiencias prácticas
View the document3.5.1. El caso chileno
View the document3.5.2. El caso costarricense
View the document3.5.3. El caso colombiano
View the document3.5.4. 1993: ¿Un cambio de rumbo?
Open this folder and view contents4. LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES
View the documentBIBLIOGRAFÍA
Open this folder and view contentsII.3. Regulación, políticas y medicamentos esenciales, por Juan Ignacio Arango F.
Open this folder and view contentsIII. LAS TRANSFORMACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Open this folder and view contentsIV. SINTESIS Y PREVISIONES
View the documentBIBLIOTECA CIVITAS ECONOMÍA Y EMPRESA - COLECCIÓN ECONOMÍA - SERIE TRATADOS Y MANUALES
View the documentCUBIERTA POSTERIOR
 
3.5.3. El caso colombiano

Por su parte, en Colombia, donde entre 1980 y 1990 el gasto total en salud cayó del 7,1 por 100 al 6,1 por 100 del PIB a expensas de una reducción a casi la mitad del componente público del gasto (el gasto privado significó el 3,9 por 100 del PIB ese año), la nueva Constitución de 1991 (OPS, 1994c, vol. II, pp. 124-125):

a) definió (art. 48) la Seguridad Social como un servicio público que se prestará bajo el control del Estado según los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad,

b) declaró (art. 49) la salud como un derecho de todos los ciudadanos; estableció que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado; consagró la participación del sector privado en la prestación de servicios; ordenó que los servicios se organizasen de forma descentralizada, por niveles de complejidad y con participación de la comunidad; declaró la atención básica como gratuita y obligatoria; y fijó como deber de las personas procurar el estado integral de su salud y de la comunidad.

En diciembre de 1993, en el marco de una profunda modificación legal del régimen de seguridad social se reformó el sistema de salud, creándose el Sistema de Seguridad Social en Salud que sustituye a los sistemas de protección de los riegos de enfermedad general y maternidad y, en lo pertinente, a la protección de la salud de las personas beneficiarias de la asistencia pública (CONGRESO DE COLOMBIA, 1993).

La reforma partió de tres supuestos básicos: a) que una tercera parte de la población, probablemente la más pobre, no tenía acceso regular a servicios de salud; b) que el Estado gastaba ya en salud más o menos lo que podría esperarse de acuerdo al desarrollo económico del país, y c) que la insuficiencia de cobertura reflejaba no tanto una insuficiencia global de recursos financieros, sino la inequidad del sistema y su ineficiencia, derivadas de su fragmentación institucional.

La reforma pretende:

a) garantizar la cobertura universal en un «plazo razonable» para lo que hace obligatoria la afiliación a la Seguridad Social;

b) aumentar la solidaridad, para lo que se establece un Plan de salud obligatorio y un Régimen especial subsidiado para los grupos más pobres y vulnerables (madres gestantes y niños menores de un año, minusválidos y ancianos) financiado, entre otras fuentes, mediante un Fondo de Solidaridad y Garantía nutrido mediante el incremento de un punto de la cotización patronal, aportaciones adicionales del Estado y un porcentaje sobre las cuotas voluntarias y,

c) un aumento de la eficiencia mediante la introducción de la competencia y la libre elección entre aseguradoras públicas y privadas («entidades promotoras») y la contratación por éstas de la provisión de los servicios.

Las entidades promotoras estarán supervisadas por la Superintendencia Nacional de Salud; vienen obligadas a proveer con medios propios o concertados con entidades prestadoras lo incluido dentro del Plan de salud obligatorio a cambio de un ingreso mínimo garantizado per cápita y a ofrecer a sus afiliados más de una opción de provisión; pueden establecer planes complementarios financiados por el afiliado con cuotas voluntarias y no pueden rechazar a un solicitante que pague su cuota, esté o no subsidiada.

Como el Sistema General de Seguridad Social en Salud diseñado por la Ley de Reforma tenía un año a partir de la publicación de ésta para iniciar su funcionamiento; dos para que las cajas, fondos y entidades de seguridad del sector público se transformen en entidades promotoras o presenten su liquidación y tres para que una parte del régimen de subsidios públicos a la oferta se transforme en uno de subsidio a la demanda, será difícil evaluar sus primeros resultados antes de finales de 1997.

La reforma colombiana parte de bases distintas y tiene en cuenta muchas de las críticas que en su día se hicieron a la reforma chilena. En particular, los referidos a la cobertura universal, selección adversa y control gubernamental de las entidades aseguradoras privadas.

No obstante, como puntos dudosos pueden adelantarse los siguientes:

a) sin un incremento sustancial de la proporción de gasto público en salud (hoy situada en torno al 37 por 100 del gasto total) no será posible avanzar en la solidaridad;

b) en el sistema preexistente la fragmentación de los regímenes públicos de aseguramiento (más de cien) fue considerada una de las causas de ineficiencia, y no está claro que el nuevo modelo vaya a disminuirla pues no limita de ningún modo la posibilidad de constituir empresas promotoras;

c) la norma recoge la posibilidad de que las empresas promotoras no diversifiquen la provisión;

d) en principio, el Plan de salud obligatorio es variable por departamentos e, incluso, por entidades promotoras dentro de cada departamento (aunque existe supervisión ex post de la superintendencia para ajustarlos a las directivas del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud).

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