Los medicamentos ante las nuevas realidades económicas
(1997; 272 páginas) [English]
Table of Contents
View the documentNOTA SOBRE LOS AUTORES
View the documentPRESENTACIÓN
View the documentPRÓLOGO
View the documentGLOSARIO
Open this folder and view contentsI. EL ENTORNO ECONOMICO GLOBAL
Close this folderII. LA REFORMA DE LOS SISTEMAS DE SALUD
Open this folder and view contentsII.1. El impacto sobre los medicamentos de la contención del gasto y las reformas en la asistencia sanitaria, por Elias Mossialos
Close this folderII.2. La reforma de la atención a la salud en América Latina. El rol del Estado y los medicamentos esenciales, por Alberto Infante
View the document1. INTRODUCCIÓN
Close this folder2. EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL Y EL ROL DEL ESTADO
View the document2.1. El contexto económico
View the document2.2. La pobreza
View the document2.3. El papel del Estado
Open this folder and view contents3. LA REFORMA DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN AMÉRICA LATINA
Open this folder and view contents4. LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES
View the documentBIBLIOGRAFÍA
Open this folder and view contentsII.3. Regulación, políticas y medicamentos esenciales, por Juan Ignacio Arango F.
Open this folder and view contentsIII. LAS TRANSFORMACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Open this folder and view contentsIV. SINTESIS Y PREVISIONES
View the documentBIBLIOTECA CIVITAS ECONOMÍA Y EMPRESA - COLECCIÓN ECONOMÍA - SERIE TRATADOS Y MANUALES
View the documentCUBIERTA POSTERIOR
 
2.3. El papel del Estado

La modesta y contradictoria mejoría de la situación económica antes descrita coincidió con la celebración de elecciones y la extensión de la democracia a la práctica totalidad del continente con excepción de Cuba. Pero la crisis de los regímenes autoritarios latinoamericanos fue, también, una crisis del Estado que la suma de democracia representativa más recetas económicas ultraliberales no ha conseguido resolver del todo. Y así, o no se han apagado totalmente o han rebrotado muchas de las manifestaciones de la violencia política en el continente: autogolpes, cuartelazos, cierre de parlamentos, violencia civil y delincuencia, corrupción de alto nivel e, incluso más recientemente, una guerra fronteriza. Ello indujo a algunos observadores externos a plantearse, de nuevo, las cuestiones de las relaciones entre Sociedad y Estado y de la «gobernabilidad» en América Latina (SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 1994, pp. 11-12).

Sin embargo, a partir de 1990, fue abriéndose paso un nuevo enfoque basado en que:

a) La región de las Américas es, según algunos estudios, la región del mundo con mayores desigualdades. Los ingresos del 20 por 100 más rico de la población son veinte veces mayores que los del 20 por 100 más pobre (en algún país el cociente es cuarenta a uno). En Asia, por ejemplo, la relación es diez a uno (THE ASPEN INSTITUTE, 1994, p. 43).

b) El mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos esenciales para el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo social; inversamente, a medio plazo las sociedades no pueden aspirar a aumentos de bienestar que no concuerden con aumentos de la productividad

c) El proceso de integración subregional se ha acelerado (MERCOSUR en 1988, Tratado de Libre Comercio en 1992) y las reuniones de presidentes se han institucionalizado; no parece concebible el retorno a las políticas nacionales de intervencionismo estatal, proteccionismo y sustitución de importaciones practicadas en los años sesenta y setenta.

d) La existencia de intereses contrapuestos es legítima y debe ser reconocida, y la concertación para la búsqueda de soluciones aceptables por la mayoría norma. Se requieren democracias efectivas y estables. Ni el caudillismo dictatorial ni la insurgencia guerrillera contribuyen al progreso social.

e) No se trata de seguir discutiendo sobre el tamaño del Estado; el Estado tiene responsabilidades irrenunciables particularmente en el fomento de la equidad económica y social pues la superación de la pobreza, al ser una condición para el desarrollo, no interesa sólo a los pobres sino a toda la sociedad.

f) La redefinición del papel del Estado debe llevar a su concentración en funciones clave, vigilando que las cumpla con eficacia; en especial, las de fomento del capital humano (nutrición, educación, salud). A la vez hay que superar el conflicto entre Estado y mercado; la creación de mercados transparentes, competitivos y de fácil acceso puede contribuir a la equidad.

La mayoría de los elementos anteriores se recogen en la propuesta elaborada entre 1990 y 1992 por la CEPAL bajo el lema «Transformación Productiva con Equidad» (CEPAL, 1990). Su propósito es hacer frente a los riesgos de bipolarización y estallido social mediante una acción combinada de los sectores público y privado basada en una estrategia de los «dos-tercios» que permita compatibilizar las actuaciones (focalizadas y perentorias) de lucha contra la pobreza extrema y la marginalidad con la atención (horizontal y permanente) de las necesidades de las capas bajas y medias de la sociedad, articulando ambos segmentos en una dinámica económica y social constructiva.

Desde el punto de vista de los países europeos desarrollados lo anterior puede parecer una obviedad. No así en América Latina donde la democracia ha sido (y es) relativamente frágil y, salvo alguna excepción que confirma la regla, el Estado del bienestar nunca existió. A no ser que apliquemos, como hacen determinados círculos estadounidenses, el término «welfare» a cualquier función de gasto público en servicios sociales sin importar, cuantía, modalidad, momento o lugar, para satanizarla luego. Hace no mucho J. K. Galbraith describió cómo para tales círculos quienes se dedican al servicio exterior, la defensa, la judicatura, el orden público, las universidades de elite o el pago de subsidios agrícolas y pensiones son considerados «funcionarios respetables y honestos». Y quienes trabajan en la enseñanza o la sanidad públicas, la legislación laboral o medioambiental, la rehabilitación urbana y los programas contra la pobreza son, a menudo, tachados de «malditos burócratas» (GALBRAITH, 1992).

En América Latina ha fracasado el Estado oligárquico de democracia corporativa o restringida. Y, su solución de emergencia: la dictadura militar. Ante ello las propuestas iniciales consistieron en promover un «Estado mínimo», que en la región tendió a ser «muy mínimo» (BUSTELO, 1992). Pero como se viene señalando desde el inicio de la década, el reto de la modernidad y de una inserción no subalterna de América Latina en el nuevo contexto mundial sigue radicando en superar la confrontación público-privado y construir verdaderos estados sociales de derecho más representativos, más descentralizados, más eficientes en su gestión y más eficaces en el cumplimiento de su quehacer social (LÓPEZ-ACUÑA, 1991). El contenido de los programas triunfadores en las elecciones celebradas desde mediados de 1994 (México, Costa Rica, Panamá y Brasil) parece, no sin vacilaciones, orientarse en esa dirección.

En este sentido, es relevante que la reciente Cumbre de las Américas aprobase una Declaración de Principios y un Programa de Acción (SUMMIT OF THE AMERICAS, 1994) basados en cuatro puntos:

a) preservar y fortalecer la democracia;

b) promover la integración económica y el libre comercio (el apartado de negociación más difícil);

c) erradicar la pobreza y la discriminación;

d) garantizar la sustentabilidad del desarrollo y conservar el medio ambiente.

Sin perjuicio del componente inevitablemente declarativo de ambos documentos, es significativa la importancia que en el capítulo de lucha contra la pobreza y la marginación se otorga a la educación (se propone escolarización total en primaria y 75 por 100 en secundaria para el año 2010), al fortalecimiento del papel de las mujeres y al acceso equitativo a servicios básicos de salud. Más adelante comentaré esto último.

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