Los medicamentos ante las nuevas realidades económicas
(1997; 272 páginas) [English]
Table of Contents
View the documentNOTA SOBRE LOS AUTORES
View the documentPRESENTACIÓN
View the documentPRÓLOGO
View the documentGLOSARIO
Open this folder and view contentsI. EL ENTORNO ECONOMICO GLOBAL
Close this folderII. LA REFORMA DE LOS SISTEMAS DE SALUD
Open this folder and view contentsII.1. El impacto sobre los medicamentos de la contención del gasto y las reformas en la asistencia sanitaria, por Elias Mossialos
Close this folderII.2. La reforma de la atención a la salud en América Latina. El rol del Estado y los medicamentos esenciales, por Alberto Infante
View the document1. INTRODUCCIÓN
Close this folder2. EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL Y EL ROL DEL ESTADO
View the document2.1. El contexto económico
View the document2.2. La pobreza
View the document2.3. El papel del Estado
Open this folder and view contents3. LA REFORMA DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN AMÉRICA LATINA
Open this folder and view contents4. LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES
View the documentBIBLIOGRAFÍA
Open this folder and view contentsII.3. Regulación, políticas y medicamentos esenciales, por Juan Ignacio Arango F.
Open this folder and view contentsIII. LAS TRANSFORMACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Open this folder and view contentsIV. SINTESIS Y PREVISIONES
View the documentBIBLIOTECA CIVITAS ECONOMÍA Y EMPRESA - COLECCIÓN ECONOMÍA - SERIE TRATADOS Y MANUALES
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2.2. La pobreza

El aspecto más hiriente de la situación es que las desigualdades sociales no disminuyeron y la pobreza tampoco. Si en 1986 un 43,3 por 100 de la población de América Latina se encontraba por debajo del umbral de pobreza, en 1990 el porcentaje era del 46 por 100 (unos 196 millones de personas). Se constata así, de manera aún más clara que en los países desarrollados, cómo los efectos positivos de la recuperación son menos marcados que los negativos de la recesión previa (ALTIMIR, 1994). Y aunque los porcentajes de pobreza son mayores en la áreas rurales, en cifras absolutas la pobreza es ya y, en razón de las migraciones internas, lo será cada vez más, un fenómeno esencialmente urbano (más del 60 por 100 del total de los pobres de la región vive en las ciudades).

La tesis de que el desarrollo económico no es sostenible y la democracia difícilmente consolidable sin una reducción drástica de la pobreza, formulada en 1987 por UNICEF bajo el lema «Ajuste de rostro humano», y adoptada luego por otros organismos internacionales (CEPAL, 1990) pasó a formar parte, a comienzos de los 90, del discurso del Banco Mundial (WORLD BANK, 1990).

Pero los programas contra la pobreza han sido, en muchos casos, diseñados en forma de actuaciones focalizadas y selectivas de duración limitada, y ejecutados a través de estructuras organizativas verticales con fuerte control político. Y, lo que es peor, como estrategias al margen, cuando no contrapuestas, al reforzamiento de los servicios sociales preexistentes, los cuales, con limitaciones y carencias obvias, se inspiraban en los postulados de cobertura universal, integralidad, participación y estabilidad propios de los sistemas de Seguridad Social (MESA-LAGO, 1994, pp. 231-238).

De hecho, privatización de servicios sociales básicos y programas de lucha contra la pobreza se presentaron, y aún se presentan, como políticas gemelas. De forma que, a finales de los ochenta, mientras gran parte de la población de América Latina sufría un empobrecimiento sin precedentes como resultado de las políticas de ajuste, proliferaron multitud de programas más o menos focalizados, con financiación pública y variable aportación de las ONG's, no siempre coordinados entre sí.

Un caso paradigmático es el Programa Solidaridad de México, a menudo citado en la literatura. Creado, a fines de 1989, por la administración salinista como el gran programa social del sexenio, el partido gobernante, el PRI, estuvo a punto de cambiar su nombre por el del Programa («Partido de la Solidaridad»). Pero un análisis del mismo, publicado a finales de 1993 (LAURELL y WENCES, 1994), concluyó que, pese a algunos éxitos parciales, la escasez proporcional de recursos, la orientación de los subprogramas y la inadecuada distribución regional de los fondos, no le permitían cumplir en la práctica la declarada finalidad social compensatoria del ajuste estructural y que debía ser considerado más propiamente un instrumento de influencia política. Su refutación práctica se produjo en Chiapas, uno de los estados más pobres de México, a principios de 1994.

Por contra, en 1988 los responsables del Programa de Promoción Comunitaria Integral de Matanza, el municipio más populoso de los diecinueve que componen el Gran Buenos Aires (cerca de 1.500.000 habitantes de los que 250.000 habitan «villas de emergencia») empezaron por encuestar la demanda. Hallaron que el 33 por 100 de los habitantes de barrios marginales mencionaron la capacidad de organización como la prioridad más importante, seguida por la capacitación profesional, la construcción (o autoconstrucción) de viviendas y la existencia de un centro de salud. Sólo un 2 por 100 mencionó la distribución de alimentos. Y casi nadie el reparto de subsidios monetarios. Por tanto, el programa se orientó a la capacitación de dirigentes vecinales. Y en tres años contaba con más de treinta escuelas. Pero como sus mismos impulsores reconocieron, el programa no pudo resolver la carencia de servicios básicos en los asentamientos. La conclusión es que este tipo de iniciativas elaboradas desde abajo, pueden ser útiles, si existe buen entendimiento con las administraciones (preferentemente locales), sólo en la medida en que contribuyen al empleo más eficiente de los escasos recursos disponibles (SUÁREZ, 1991).

De hecho, el pesimismo del Banco Mundial sobre la posibilidad de reducir significativamente la pobreza no antes sino después del año 2000 puede interpretarse como un reconocimiento de la escasa probabilidad de éxito de estrategias económicas y sociales que han significado el mantenimiento de bajos niveles de consumo interno y la perpetuación a medio plazo, con o sin programas compensatorios, de inequidades política y socialmente inaceptables (BRAND, 1994).

El riesgo de que se generalicen las políticas dirigidas solamente a amortiguar el impacto de la pobreza extrema pero que aceptan, sin embargo, su institucionalización, ha sido destacado recientemente por el Director General de la OMS (NCIH HEALTHLINK, 1995, p. 2).

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