Los medicamentos ante las nuevas realidades económicas
(1997; 272 páginas) [English]
Table of Contents
View the documentNOTA SOBRE LOS AUTORES
View the documentPRESENTACIÓN
View the documentPRÓLOGO
View the documentGLOSARIO
Close this folderI. EL ENTORNO ECONOMICO GLOBAL
Close this folderI.1. Conferencia inaugural: El Estado del bienestar, la política económica y los servicios de salud, por Julio Segura
View the document1. EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS DE LOS PROGRAMAS PROTECTORES
View the document2. EL FUTURO DEL ESTADO DEL BIENESTAR: LA NECESIDAD DE REFORMAS
View the document3. LOS SERVICIOS DE SALUD: PROBLEMAS Y LÍNEAS DE REFORMA
View the document4. COMPETENCIA Y EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE SALUD
View the document5. LOS COSTES DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA
View the documentBIBLIOGRAFÍA
Open this folder and view contentsI.2. Los acuerdos de la Ronda Uruguay y los medicamentos, por Carlos M. Correa
Open this folder and view contentsI.3. La normalización del mercado internacional de los medicamentos: sus futuros impactos sobre los países emergentes, por Peter O'Brien
Open this folder and view contentsII. LA REFORMA DE LOS SISTEMAS DE SALUD
Open this folder and view contentsIII. LAS TRANSFORMACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Open this folder and view contentsIV. SINTESIS Y PREVISIONES
View the documentBIBLIOTECA CIVITAS ECONOMÍA Y EMPRESA - COLECCIÓN ECONOMÍA - SERIE TRATADOS Y MANUALES
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2. EL FUTURO DEL ESTADO DEL BIENESTAR: LA NECESIDAD DE REFORMAS

16. Dada la dificultad de introducir reformas significativas en los programas protectores, cabría pensar que la restricción presupuestaria podría cumplirse con una opción cero: congelar en términos reales los programas de gasto en sus valores actuales, dejando fluctuar sólo aquellos que constituyen estabilizadores automáticos que, por tanto, verificarían también la restricción presupuestaria agregada a lo largo del ciclo económico. Sin embargo, ésta no es una verdadera solución por tres motivos: uno de factibilidad y dos de equidad.

En algunos programas resulta imposible acotar a priori el volumen de gasto que se generará cuando el sistema llegue a su madurez. Así, en el caso de las pensiones no contributivas, la ley determina las condiciones de acceso a ellas, pero una vez fijadas, el gasto total dependerá no sólo de las condiciones económicas, sino del comportamiento de los agentes individuales. O pensemos en la aparición de nuevas enfermedades o de nuevas necesidades educativas. En todos estos casos mantener el gasto real previsto implica o disminuir las prestaciones medias (algo que, en su caso, sería mejor no hacer en función sólo de restricciones presupuestarias), o disminuir la calidad de los servicios prestados (un riesgo permanente en actividades reguladas con información asimétrica).

El primer motivo de equidad por el cual la opción cero resulta indeseable es que, si el argumento anterior es cierto, dicha opción conducirá a una expansión inevitable del déficit público que, aparte problemas técnicos y económicos, generaría insolidaridad intergeneracional al reducir los niveles de protección efectiva de futuras generaciones.

El segundo argumento de equidad es que la única forma de que la opción cero conduzca a una congelación efectiva del gasto público real es que se congelen también las contingencias y los colectivos protegidos. Es decir, que el sistema siga protegiendo a quienes ahora lo hace en la forma en que ahora protege. Pero esto es una solución insolidaria intrageneracionalmente porque implica que el sistema protector no admitirá dentro de él ni las nuevas necesidades de protección, ni los nuevos grupos sociales que resulten marginados por la propio evolución de nuestras sociedades. Un sistema en suma que mantendría un núcleo «duro» de protección para quienes en el momento de elegir la opción cero se encontraran cubiertos por el sistema, pero discriminaría a quienes no lo estuvieran.

Un último peligro de la opción cero. En la medida en que resulte ineficaz, en el sentido de no sostenible, se puede terminar produciendo un cambio drástico en los sistemas de protección social derivado de soluciones «quirúrgicas» obligadas por la restricción presupuestaria pública. Este tipo de cambios corre el peligro de desvirtuar la propia naturaleza de los programas protectores.

17. Como ya se ha señalado, cuál sea el límite efectivo de la restricción presupuestaria es una materia opinable sobre la que no es fácil pronunciarse con carácter general y menos aún para un conjunto diverso de economías que parten de situaciones muy distintas.

En puridad, el límite de los programas protectores no se encuentra tanto en una cifra concreta (porcentaje del PIB, tasa de crecimiento del gasto, etcétera), como en el grado de consenso social que sean capaces de generar y en la cuantía en que erosionen la competitividad de cada economía, existiendo una cierta relación entre ambas variables.

18. El grado de consenso social, es decir, la factura de solidaridad que una sociedad está dispuesta a pagar, depende de la cuantía de la misma, pero también de forma muy relevante de la forma en que los ciudadanos perciban que funcionan los sistemas protectores, y desde esta perspectiva tres variables son esenciales:

i) La percepción social de la necesidad de cada programa.

ii) El nivel de fraude que permite el sistema, que constituye un factor crucial de deslegitimación social del mismo, y

iii) El grado de eficacia con que los programas son percibidos por los beneficiarios.

Estas tres variables permiten determinar ciertos criterios básicos que deben orientar cualquier reforma de los sistemas protectores.

19. La percepción social de la necesidad de cada programa protector señala la conveniencia de:

a) Definir con claridad los objetivos de cada programa.
b) Mejorar la información que el público tiene sobre los mismos.

El punto a) destaca la importancia de diferenciar con claridad los objetivos redistribuidores de los de financiación y/o producción de determinados bienes y servicios. Por ejemplo, sería útil distinguir entre objetivos:

i) Redistributivos sociales (programas de renta mínima, pensiones no contributivas, lucha contra la pobreza, etc.).

ii) Redistributivos individuales para evitar fenómenos de abuso de confianza («moral hazard»), como es el caso de las pensiones contributivas obligatorias.

iii) Favorecimiento de la igualdad de oportunidades (educación, ciertas formas de ayuda familiar).

iv) Producción de bienes y servicios de mérito en condiciones equitativas y eficientes (sanidad y educación). Lo que, en algunos sistemas ya maduros implicaría, muy posiblemente, una simplificación del abanico de programas parciales y, con frecuencia, superpuestos, de protección.

El punto b) implica que los poderes públicos faciliten información precisa sobre los costes reales de cada programa, la distribución de beneficiarios, medidas precisas de resultados, y un largo etcétera. Cada individuo debe conocer los beneficios que obtiene del sistema, especialmente el valor de mercado de los bienes y servicios que obtiene gratuitamente o contra pago parcial, así como de las transferencias de renta. En esta línea, la facturación formal por servicios, o la existencia de una cartilla individual en que se anoten periódicamente y por acto singular los beneficios, sería de gran utilidad.

20. Tratar de minimizar el uso fraudulento de los programas protectores es un objetivo crucial de legitimación social, y debe tratar de lograrse no sólo - ni fundamentalmente - por procedimientos inspectores, sino mediante una estructura organizativa que impida o desincentive el fraude.

Por poner algunos ejemplos, el pago compartido en ciertas prestaciones farmacéuticas, diferenciando por grupos de edad, facilita el uso fraudulento; pero la diferenciación por tipos de fármacos eliminaría esa fuente de fraude. La administración con restricción presupuestaria de los agentes sociales implicados en las situaciones de inactividad laboral por enfermedad, eliminaría acuerdos tácitos entre empresarios, trabajadores y médicos en cuanto a la calificación de incapacidades laborales.

21. Por último, el grado de eficacia con que se presten los servicios resulta fundamental desde dos puntos de vista. El primero, que una mayor eficacia repercutiría positivamente en la valoración social de los programas protectores. El segundo, que si nuestras sociedades se enfrentan a un futuro de restricción presupuestaria, las posibilidades de mejorar los niveles reales de las prestaciones residen casi exclusivamente en los ahorros de costes que, sin merma de la calidad, puedan producirse.

22. En resumen, quienquiera que crea que la protección social es indispensable para un funcionamiento adecuado de las economías en que vivimos ha de considerar una prioridad fundamental la reforma de sus programas según líneas que:

- Protejan adecuada y equilibradamente las situaciones que se considere deben protegerse.

- Generen transferencias de renta entre y dentro de generaciones que no impliquen sacrificios insolidarios - ni por defecto ni por exceso - de ningún colectivo o generación.

- Aumenten la eficacia con que se prestan los servicios ofrecidos por los programas protectores.

- Gocen de alto consenso social y no sean objeto fácil de utilización fraudulenta.

En último extremo, todo esto implica una hipótesis básica: que se debe reflexionar sobre programas viables en el marco de economías con fuertes restricciones presupuestarias, de forma que la expansión de las prestaciones deberá recaer, en lo esencial, sobre ahorros provenientes de la mejora en la eficacia, y sólo moderadamente, y en ciertas economías, en posibles aumentos reales del gasto social.

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