Los gobiernos, están plenamente justificados para financiar los medicamentos si estos también tienen valor social significativo (como medicamentos para tratar la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual), o si hay una necesidad de subsidiar a los más necesitados para garantizar el acceso adecuado.

Sin embargo, la financiación pública de los medicamentos a menudo se extiende más allá de estas funciones esenciales. En algunos casos esto es porque los ingresos públicos se usan para financiar servicios esenciales para la población en su totalidad. Muchos países también usan los ingresos públicos para financiar los mecanismos públicos o paraestatales de provisión farmacéutica. Pero el impulso para privatizar las funciones públicas está poniendo en duda la validez de estas funciones. Esta conexión entre el financiamiento y la prestación complica inevitablemente el análisis de cada una, pero pueden identificarse algunas preguntas fundamentales: ¿debe existir alguna conexión entre la financiación pública y la prestación de servicios? ¿Quién debe beneficiarse de la financiación pública?

La financiación pública no debe implicar automáticamente el suministro público, pero no debe aceptarse la privatización sobre la base de una fe ciega en la eficiencia del sector privado. Un sistema de suministro público, integrado verticalmente, con buen funcionamiento, puede producir beneficios en función de costos reducidos y mayor equidad, como resultado de su capacidad para racionalizar las necesidades y ahorrar dinero mediante la adquisición en cantidad de los productos por nombre genérico. Las alternativas de suministro deben evaluarse a nivel nacional sobre la base del costo general, la calidad, y equidad.

La financiación de la salud con ingresos generales para los pobres es enteramente defendible. Más allá de esto, ¿deben usarse los ingresos generales para financiar la salud y los productos farmacéuticos para la sociedad en su totalidad? La financiación pública puede ser sumamente ventajosa en función de la promoción de la cobertura universal, la equidad, y la imposición de mecanismos de control para la oferta. Pero también existen desventajas. Si la financiación pública está vinculada a la provisión de servicios, las opciones para los pacientes pueden ser limitadas, y esto puede traducirse en insatisfacción con los servicios de salud.

Otra inquietud fundamental es que la financiación, a partir de los ingresos públicos, implica que la salud debe competir anualmente con otros programas del gobierno por las asignaciones, lo cual hace que los presupuestos sean susceptibles a prioridades políticas cambiantes. El financiamiento eficaz a partir de los ingresos generales también requiere niveles tributarios relativamente altos y la garantía de que estos impuestos pueden recaudarse adecuadamente. Por consiguiente, a pesar de las ventajas significativas que esta forma de financiamiento presenta, si no hay una voluntad política fuerte constante, combinada con crecimiento económico adecuado, carga tributaria eficaz y mecanismos apropiados para el control de los costos, la dependencia exclusiva de los ingresos generales para la financiación de salud y de los productos farmacéuticos no será suficiente para satisfacer eficazmente y de una manera sostenible las necesidades de salud cambiantes de poblaciones en crecimiento.

El nivel de financiación pública requerido por un país estará determinado por las opciones que elija, pero independientemente de lo que se decida, queda una necesidad legítima de defender un nivel básico de financiación pública de los productos farmacéuticos y los servicios de salud dirigido a satisfacer las necesidades de los pobres y a proporcionar bienes y servicios con valor social alto.

Los cambios actuales en la situación económica y las perspectivas de muchos países están ejerciendo presión significativa en los presupuestos públicos para salud. Lamentablemente, las asignaciones del gobierno para los medicamentos son relativamente fáciles de recortar, y por consiguiente, son a menudo las primeras en sufrir en épocas de crisis fiscal. Además, como se importan muchos medicamentos, las asignaciones son también sensibles a las variaciones de las divisas.

Debe observarse sin embargo, que los gastos farmacéuticos, si bien representan el segundo gasto en cuantía de muchos presupuestos gubernamentales ordinarios, no comprenden generalmente la porción más grande de estos presupuestos (Figura 6). En consecuencia, los recortes muy grandes en los presupuestos para medicamentos, generalmente darán lugar a tan solo reducciones moderadas del gasto general. Pero esto puede crear graves problemas en función de los resultados en salud y la satisfacción de los pacientes con la prestación de los servicios de salud. Particularmente cuando las reformas macroeconómicas dan lugar al aumento de los precios de los medicamentos conjuntamente con una capacidad reducida de muchos de pagar por los medicamentos en efectivo, deben defenderse las asignaciones farmacéuticas dentro de los presupuestos públicos. En todos los casos, es esencial encontrar maneras de emplear mejor la financiación farmacéutica pública.

Figura 6: Porcentaje de gastos ordinarios en salud del gobierno dedicados a los medicamentos y suministros en algunos países de América Latina y el Caribe (1990)

Fuente: datos en [9]

Un método para aumentar la financiación incluye el cobro de aranceles a los pacientes por los servicios de salud y los productos farmacéuticos, lo que reduce el grado de subsidio del gobierno. Otra opción puede consistir en buscar ayuda financiera externa. Estas posibilidades se tratan en más detalle en las secciones 3.6 y 3.7 respectivamente.

Muchas otras opciones para aumentar la financiación sanitaria y de los medicamentos escapa al control directo de las autoridades sanitarias nacionales, e incluyen negociaciones en el escenario político más amplio para los ingresos de otras áreas del gobierno, o para métodos que mejoran el cumplimiento tributario. En varios países impuestos innovadores para apoyar y estabilizar la financiación pública para la salud, por ejemplo, Brasil ha instituido un impuesto de 0,02% sobre las transacciones financieras y el Ecuador ha establecido un “impuesto al pecado” sobre el alcohol y el tabaco. Aunque debe prestarse atención para procurar que estos impuestos no sean de naturaleza regresiva (el pobre no debe pagar una contribución proporcionalmente mayor), el desarrollo de fuentes innovadoras de financiación es una opción prometedora.

Los ministerios de salud y otros organismos sanitarios también pueden mejorar la eficiencia dentro de sus organizaciones para lograr más con el financiamiento limitado disponible. El concepto de medicamentos esenciales, con su énfasis en racionalizar la selección, la cuantificación de necesidades, el manejo y el uso de los productos farmacéuticos, tiene una función clave aquí.