Pocos países tienen disposiciones administrativas adecuadas para cancelar contablemente sus existencias de productos farmacéuticos. En el sector público, los medicamentos son propiedad del Estado, y por esa razón se deberá contar con procedimientos estrictos de contabilidad. Si existe algún procedimiento, éste tiende a ser complicado y lento, y en la práctica es difícil deshacerse de productos que han caducado. Esto ocurre con los medicamentos que se obtienen por los canales normales y con los donados.

En los países que reciben donaciones de medicamentos, será necesario adoptar y poner en práctica procedimientos administrativos y reglamentarios de seguridad para la eliminación de productos farmacéuticos congruentes con la legislación nacional sobre los fármacos y sobre el medio ambiente nacional.

En general, la mejor solución es simplificar los procedimientos. Por ejemplo, se podría declarar que los medicamentos donados no se registran en el inventario del gobierno ni se consideran propiedad estatal a menos que sean aceptados específicamente como tal. En este caso cualquier medicamento que no sea aceptado oficialmente puede destruirse sin necesidad de aprobación gubernamental, pero deberán seguirse los procedimientos correctos de desecho. Una solución adicional sería establecer procedimientos administrativos especiales y simplificados para cancelar en libros las donaciones no deseadas.