El reconocimiento de la salud como derecho humano fundamental impone al Estado la responsabilidad de asegurar el acceso a la atención sanitaria, incluidos los medicamentos esenciales. Esto no quiere decir que el Estado deba necesariamente financiar y suministrar todos los medicamentos. Una parte de las necesidades de medicamentos - en muchos países, una parte muy importante - puede cubrirse mediante mecanismos privados de financiación y suministro. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que los sectores público y privado en conjunto pongan los medicamentos esenciales al alcance de toda la población.

Los pobres soportan una mayor proporción de la carga de morbilidad que los ricos. Para asegurar a los pobres un acceso equitativo a los medicamentos esenciales será necesario que el Estado subvencione su gasto farmacéutico. El Estado puede también subvencionar, en su caso, los costos de los medicamentos esenciales para los grupos de alta prioridad, tales como los niños.

La tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades transmisibles conllevan costos elevados para la sociedad si los correspondientes tratamientos medicamentosos completos no se hallan geográfica y económicamente al alcance de todos. Para asegurar la aplicación de programas eficaces de lucha contra esas enfermedades transmisibles, tal vez sea necesario que el Gobierno subvencione sus costos. En la sección 6.3 se examina detenidamente la cuestión de la aplicación de precios asequibles a los medicamentos.

La accesibilidad geográfica de los medicamentos esenciales puede facilitarse a través de los sectores público y privado. Con independencia de la estrategia o combinación de estrategias elegidas, el Estado debe asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales en los centros de salud públicos. Sin esos medicamentos, queda en entredicho la credibilidad del sector público, se despilfarran otros recursos, como por ejemplo el tiempo de trabajo, y pueden fomentarse pautas inadecuadas de consumo de medicamentos.

Para promover la accesibilidad geográfica en el sector privado se dispone de una diversidad de mecanismos (véase la sección 6.2).