Además de asegurar la calidad de los medicamentos, el Estado se encuentra también en la mejor situación para velar por la calidad de los profesionales sanitarios que prescriben, administran y despachan medicamentos a los pacientes. En consecuencia, el Estado tiene la responsabilidad de mantener en vigor normas de enseñanza adecuadas y convenientes para farmacéuticos, médicos y otros profesionales sanitarios, asegurar mediante el proceso de concesión de licencias el cumplimiento de esas normas y velar por la elaboración y aplicación de códigos de conducta. Los consejos y asociaciones profesionales suelen desempeñar una función clave en cada uno de esos procesos.