Las ponencias e intervenciones de los Dres. Infante y Arango presentan un documentado análisis del papel del Estado y los procesos de reforma de los sistemas sanitarios latinoamericanos. Aunque la mayoría de las Constituciones de estos países declaran que la salud es un derecho básico de sus ciudadanos y la protección de la salud una obligación del Estado, sólo unos pocos países del área garantizan el acceso universal de su población a la atención sanitaria. Desde luego, las limitaciones presupuestarias y la escasez de recursos para el sector sanitario son aquí más patentes aún que en Europa Occidental.
Los ajustes y reformas sanitarias llevados a cabo o iniciados a lo largo de la última década han estado muy influidos, en opinión del Dr. Infante compartida por otros expertos, por las recomendaciones del Banco Mundial y ponen el énfasis en la reducción del papel del Estado y del sector público en las prestaciones sanitarias, a la vez que se potencia la capacidad de financiación mediante el cobro de tasas a los usuarios y se da un mayor protagonismo a los sistemas de seguros y al sector privado. Esta estrategia, asumida en parte por el BID, resulta muy cuestionable, como parecen reconocer los mismos expertos del Banco Mundial en el Informe de 1993: Invertir en salud.
Los planteamientos de este último informe y los del informe conjunto de la CEPAL y la OPS sobre «Salud, equidad y transformación productiva en América Latina y el Caribe» pueden contribuir al establecimiento de un nuevo marco de referencia apropiado para las futuras reformas sanitarias en América Latina.