Los puntos anteriores hacían referencia a las connotaciones de tipo farmacológico que motivan la intervención del Estado. Pero también los aspectos estrictamente farmacéuticos generan áreas de necesaria intervención del Estado: un producto pueden estar rodeado de las mejores propiedades farmacológicas (eficacia, seguridad, etc.), pero si su proceso de fabricación no ofrece todas las garantías requeridas, puede resultar fatalmente nocivo para la salud.

Nuestros países orientaron sus esfuerzos por mucho tiempo hacia el control del producto terminado; una concepción moderna de la garantía de la calidad está claramente orientada hacia la construcción de la calidad y no a su «control» en el producto final. De allí el énfasis en las normas de fabricación correcta.

De nuevo el Estado ejerce su autoridad para generar un contexto dentro del cual haya garantía de la calidad: se normaliza el contexto productivo de tal forma que todas las probabilidades apunten a un producto final absolutamente confiable. Es la mejor protección que el Estado puede ofrecer a su población. Los análisis de productos realizados por muestreo buscan tan sólo servir de instrumento de comprobación de lo que, se supone, está controlado «en la fuente».