Decíamos arriba que esta obligación del Estado en este campo de los medicamentos está estrechamente relacionada con la «opacidad» del producto mismo frente al usuario: ni el paciente ni el propio prescriptor tienen todos los elementos de juicio requeridos para tomar una decisión racional y suficientemente ilustrada en su proceso de demanda. La evaluación del impacto real y total del medicamento es un proceso demasiado complejo, incluso para la observación clínica individual. Se requiere disponer de un conjunto de recursos humanos calificados, técnicos y financieros para desarrollar una adecuada evaluación precomercialización (antes de que el medicamento se someta al uso «masivo») y un adecuado seguimiento crítico poscomercialización (mediante programas de farmacovigilancia). Y tratándose de productos de tan alto riesgo, no puede la sociedad correr el riesgo de utilizarlos sin esa evaluación. Tal es la función del registro sanitario o autorización de comercialización.