Por su parte, la experiencia de las cooperativas de salud costarricenses se inscribe en el contexto de un Sistema Nacional de Salud consolidado, de cobertura prácticamente universal (95 por 100 de la población en 1993) y financiación mayoritariamente pública donde el 90 por 100 de la asistencia sanitaria es gestionada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El gobierno conservador del cuatrienio 1990-94 no alteró en lo sustancial el modelo. Su acción más relevante, junto a incentivar el uso de clínicas privadas para el control del embarazo y el parto, consistió en el traspaso de la gestión de dos policlínicos de la CCSS a sendas cooperativas de salud cuyos directivos declararon compartir los principios de equidad de la Seguridad Social. En el caso de una de ellas, radicada en un distrito de San José, la CCSS aportó un edificio nuevo, equipado al 80 por 100 y no cobra alquiler. La CCSS paga a la cooperativa una cantidad fija al año por asegurado residente en el área sanitaria calculada en base a promedios. La empresa puede comprar los suministros en la CCSS y el MINSAL a precio de coste, más un 15 por 100 adicional por gastos de administración. En estas condiciones, el beneficio empresarial sólo puede venir de la captación de nuevos clientes y del diferencial de eficiencia respecto a las unidades homologas de la CCSS. Por el momento no ha sido posible comparar la relación coste-efectividad de las cooperativas (el argumento utilizado para su creación) pues los informes de éstas no incluyen las amortizaciones del edificio y los equipos aportados por la CCSS por lo que se subestiman sistemáticamente sus costes reales (OPS, 1994a, pp. 105-106).

A finales de 1993 había tres cooperativas funcionando con un total de 350 empleados. Aunque la experiencia se limita al ámbito de la provisión y no cuestiona las bases del Sistema de Salud costarricense, no parece que el Gobierno formado en 1994, preocupado por el rebrote de ciertas enfermedades infectocontagiosas que se creían controladas y por ciertos abusos del personal de los hospitales públicos, vaya a ampliar la experiencia. Su estrategia inicial se ha orientado a situar las funciones de liderazgo, autoridad, regulación y supervisión en el ministerio (reforzando las áreas de control y vigilancia epidemiológica y de salud ambiental) y a gestionar todos los servicios asistenciales desde la Caja del Seguro Social.