Durante la década de los ochenta cayó el gasto público en salud. Como sólo recientemente se ha dispuesto de estudios comparativos globales sobre el gasto en salud en América Latina, la magnitud y efectos de la caída hay que estimarla por métodos indirectos.
Así, el gasto en salud promedio de los gobiernos centrales de la región cayó de 0,8 a 0,7 por 100 del PIB entre 1980 y 1990. En dólares de 1988 significó bajar de 18,8 a 14,6. El gasto total de los sistemas de seguridad social se redujo del 4,8 al 4,4 por 100 del PIB en el mismo período y, simultáneamente, se redujo la proporción de su gasto destinado a atención médica (del 27,6 al 25,6 por 100) (OPS, 1994d). Algo tuvo que ver todo eso en el hecho de que en 1991 estallase una epidemia de cólera en la región. Y en que, en 1992, 160 millones de personas carecieran de acceso permanente a servicios de salud.
El análisis por componentes del gasto en el estudio antes mencionado incluye dieciocho países que agrupan más del 95 por 100 de la población y del PIB de América Latina y el Caribe. Sus estimaciones deben ser consideradas como moderadas pues no se incluyeron ciertos componentes del gasto público (servicios de salud de las fuerzas armadas y de empresas estatales) y privado (compra individual o empresarial de seguros privados, contribución a sistemas de prepago, gasto de ONGs nacionales o extranjeras, etc.).
En 1990, los países de la región gastaron en promedio alrededor de un 5,7 por 100 del PIB en la compra de bienes y servicios de salud. Ello significa un gasto per cápita de, aproximadamente, 122 dólares. La relación entre el promedio (300 dólares) del grupo de países que más gastaron (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Islas Caimán y Monserrat) y el del grupo de los que menos gastaron (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Rep. Dominicana) fue de seis a uno. Tres países (Argentina, Costa Rica y Panamá) gastaron un proporción del PIB mayor que el promedio de los países de la OCDE en ese año (7,8 por 100).
El gasto privado representó alrededor del 57 por 100 del gasto en salud (3,2 por 100 del PIB) y el público el 43 por 100 (2,5 por 100 del PIB). La mezcla público-privada varió desde una minoría de países donde el gasto privado fue sólo una tercera parte del gasto en salud (Costa Rica y algunos países del Caribe de habla inglesa) hasta países donde fue más de los tres cuartos, en general países de ingresos bajos o medianos, mucho más poblados (Bolivia, El Salvador, México, Perú, Rep. Dominicana y Venezuela). Ese año, en los países desarrollados (excluyendo los Estados Unidos de América) el gasto privado no sobrepasó, en promedio, el 25 por 100 del total del gasto.
Del gasto público en salud, más del 50 por 100 corresponde a los sistemas de Seguro Social (24 por 100 del gasto total y 1,1 por 100 del PIB); el 28 por 100 al Gobierno Central (12,2 por 100 del gasto total y menos del 1 por 100 del PIB) y el 6-7 por 100 a niveles regionales o locales de gobierno. Dicho de otro modo, por cada dólar del Gobierno central, los hogares gastaron de sus bolsillos, al menos, 4,6 dólares.
Según dicho estudio del gasto privado, un 35 por 100 se dedicó a pago de consultas médicas, un 34 por 100 a la compra de medicamentos, un 11 por 100 a hospitalización y diagnóstico y el 20 por 100 restante al pago de prótesis, servicios de laboratorio y otros (con fuertes variaciones entre países en todos los casos).
Otro estudio reciente (GOVINDARAJ et al., 1994, pp. 13-14) confirmó lo sustancial del anterior estimando el gasto total en salud de América Latina y el Caribe en 1990 en el 6,3 por 100 del PIB, porcentaje significativamente mayor que el de China (3,5 por 100), Oriente Medio (3,6), Africa subsahariana (4,2) y Asia (4,5 por 100). Además, mientras globalmente el gasto privado correspondía al 40 por 100 del gasto total, en América Latina significaba el 51 por 100.
Lo anterior es muy relevante porque el discurso sobre la ineficiencia e inequidad del gasto en salud acuñado durante la última década (y en buena medida aún vigente) al focalizarse sobre el componente público del gasto, ignoró los problemas de inequidad e ineficiencia del gasto privado (mayoritario en la región) contribuyendo, de modo indirecto, a aumentarlos.