Todavía es pronto para considerar los efectos de las reformas. En los países mencionados, salvo el Reino Unido, las reformas todavía no se han implementado en su totalidad. En el Reino Unido, donde la implantación es más avanzada, los datos y elementos de juicio todavía no son concluyentes y se complican debido a cambios continuos y frecuentes. Además, es difícil atribuir los cambios producidos en el proceso y en el resultado a una política en particular. En teoría, se puede esperar que la eficiencia alcanzada en los mercados de proveedores genere ahorros importantes, aunque en la práctica éstos pueden verse superados por elevados costes de transacción. Además, los mercados pueden aumentar la desigualdad y fomentar la provisión de tratamientos ineficaces pero lucrativos. Existen pruebas de que las clínicas de médicos generales con presupuestos autónomos están obteniendo mejores servicios de los hospitales, aunque esto posiblemente se debe, en parte, a que reciben una mayor cantidad de recursos financieros que el resto de clínicas casi una tercera parte más de dinero por paciente (ROBINSON y LE GRAND, 1994).

Sin duda hay pruebas crecientes de la aparición de elevados costes de transacción y desigualdades en el sistema reformado del Reino Unido. Sin embargo, si se pudiera demostrar que la reforma tiene más efectos beneficiosos que desventajas, podría existir margen para ampliarla, por ejemplo permitiendo a cada persona asegurada elegir libremente a su asegurador, partiendo de una distribución de las primas entre los diferentes aseguradores según criterios de riesgo, siempre y cuando se pudieran desarrollar medidas adecuadas para la valoración de éste. La resolución del problema que supone predecir riesgos, ha desafiado a las reformas de los Países Bajos y al sistema británico de presupuestos autónomos gestionados por los médicos generales, e incluso podría ser imposible de alcanzar. Alternativamente, en los sistemas financiados por la tributación general, las autoridades sanitarias podrían contratar con los proveedores, en lugar de asignarles presupuestos.

También es pronto para evaluar si los riesgos de la reforma acabarán materializándose, por ejemplo en altas peligrosamente prematuras, especialmente a los ancianos. Otras cuestiones sin resolver son:

a) la selección adversa, que puede dificultar el acceso a los servicios sanitarios en el caso de personas enfermas o ancianas;

b) el nivel de información que se necesita desarrollar para que el mercado sea transparente y competitivo y para proteger la calidad de la atención;

c) el ahorro debido a la eficiencia puede verse compensado por un aumento de los costes administrativos;

d) el conflicto existente entre la elección del proveedor realizada por el consumidor y la «selección de la mejor compra» llevada a cabo por terceros (ABEL-SMITH, 1995).