El análisis coste-beneficio se ha utilizado en otros campos para comparar los costes monetarios con los beneficios monetarios. Si los beneficios superan los costes merece la pena financiar la actividad. Cuando se ha aplicado este supuesto a los servicios sanitarios, los costes se han comparado con las ganancias monetarias, calculadas en términos de ganancias perdidas y descontando las futuras a su valor actual. Los costes pueden incluir los relativos al tratamiento, viaje y los que sufra el paciente durante el tiempo que recibe tratamiento. El motivo por el que se aplica una tasa de descuento es que las personas otorgan un valor mayor a los beneficios de este año que a los del futuro. A veces se ha estimado el valor del trabajo no remunerado, el cuidado de las personas dependientes, como los niños y las labores del hogar. Valorar estas últimas es un tema controvertido al igual que valorar el tiempo de alguien que no realiza un trabajo remunerado, como por ejemplo los parados, los ancianos y los niños. Valorar monetariamente los beneficios reales o potenciales requiere también una gran cautela y juicios de valor que pueden no ser aceptados por la mayoría de la población. Asimismo, no hay una respuesta «correcta» a la hora de elegir el tipo de interés para expresar las ganancias futuras en valores corrientes y tales cálculos son muy sensibles a estas opciones.

Los cálculos se pueden hacer en términos del coste para el paciente, para el sector público o para la sociedad en general. En el último caso incluiríamos el gasto en bienestar social y seguridad social, las deducciones en el impuesto sobre la renta, así como el coste de la asistencia sanitaria financiada públicamente. Este método implica expresamente que el valor de la vida de cada individuo consiste sencillamente en las ganancias que percibe ese individuo. Las pérdidas para la sociedad pueden ser distintas de las ganancias perdidas si el trabajo se puede aplazar o se puede sustituir fácilmente a un trabajador por un parado. Los jubilados, los que no tienen empleo y los que no tienen ninguna perspectiva futura de empleo debido a minusvalía o falta de especialización, no tienen valor alguno. No merece la pena financiar los tratamientos que aún dejan a los pacientes discapacitados con algún grado de minusvalía que les impide trabajar. Los resultados están inevitablemente sesgados a favor de los que gozan de buena salud y de los jóvenes más preparados.