El documento Garantizando el equilibrio en las políticas nacionales sobre
sustancias fiscalizadas: orientación para la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos fiscalizados
proporciona orientación sobre políticas y legislación en lo que respecta a la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad
y fiscalización de medicamentos que contienen sustancias reguladas por convenios internacionales sobre fiscalización
de drogas, en adelante “medicamentos fiscalizados”. El término abarca “todos los medicamentos fiscalizados”, pero con
especial atención a los medicamentos esenciales. Los medicamentos fiscalizados son importantes en varios campos de la
medicina, como el tratamiento del dolor, el tratamiento de la dependencia de opioides, la medicina obstétrica de
urgencia, la psiquiatría y la neurología. La disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de medicamentos fiscalizados
son cuestiones relevantes para todos los países, pero problemáticas para la mayoría de ellos. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) insta a los gobiernos, la sociedad civil y otros individuos interesados a que luchen por lograr el
máximo beneficio para la sanidad pública de las políticas que regulan estos medicamentos. La OMS considera que el máximo
beneficio para la sanidad pública (el “equilibrio”) se logra cuando se llega al punto óptimo entre la maximización del
acceso para un uso médico racional y la minimización del abuso de estas sustancias. Responsables políticos,
académicos, sociedad civil y otros individuos cuya área de trabajo o interés sea la fiscalización de drogas o la salud pública
pueden trabajar con estas guías a fin de garantizar que se haga un mejor uso de los medicamentos fiscalizados y que más
pacientes se beneficien de las ventajas que el uso racional puede ofrecer.
Todos los países tienen una doble obligación en lo que respecta a estos
medicamentos basada en fundamentos legales, políticos, sanitarios y morales. La doble obligación es garantizar que estas
sustancias estén disponibles para fines médicos y proteger a la población frente al abuso y la dependencia. El objetivo
de los países debe ser implementar una política que finalmente permita la consecución de ambos objetivos: en otras
palabras, una “política equilibrada”. El fundamento legal central de esta obligación se encuentra en los convenios
internacionales sobre fiscalización de drogas. Los principios legales que respaldan la responsabilidad nacional de
garantizar la disponibilidad para fines médicos también se expresan en varios instrumentos legislativos que articulan el
derecho internacional a la salud. Los fundamentos políticos se encuentran en diversos Objetivos de Desarrollo del
Milenio, que no pueden alcanzarse sin medicamentos fiscalizados. Desde la perspectiva de la sanidad pública, existen
numerosas ventajas sociales, como la reducción de los costes y de la transmisión de enfermedades infecciosas.
Obviamente, sobre los gobiernos recae una obligación moral de impedir el sufrimiento o la muerte de las personas, si son
evitables de algún modo.