Globalización y acceso a los medicamentos - Serie "Economía de la salud y medicamentos", No. 07
(1999; 129 páginas) [English] [French] View the PDF document
Table of Contents
View the documentNota de agradecimiento
View the documentAbreviaturas y siglas
Close this folderPrimera parte: Globalización y acceso a los medicamentos - Implicaciones del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC
View the documentResumen de orientación
View the documentIntroducción
Open this folder and view contents1. Breve referencia histórica sobre el sistema de comercio internacional
Open this folder and view contents2. Lectura del Acuerdo sobre los ADPIC desde la perspectiva del acceso a los medicamentos
Close this folder3. Conclusiones: lo que está en juego y lo que condiciona el acceso a los medicamentos
View the document3.1 El debate sobre las patentes de medicamentos
View the document3.2 Recomendaciones
View the documentDefiniciones y terminología4
Open this folder and view contentsBibliografía seleccionada5
Open this folder and view contentsSegunda parte: Presentaciones ante el grupo de trabajo especial del Consejo Ejecutivo sobre la Estrategia Revisada en materia de Medicamentos reunido en Ginebra el 13 de octubre de 1998
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3.1 El debate sobre las patentes de medicamentos

El Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los acuerdos más controvertidos de la Ronda Uruguay por lo que se refiere a sus objetivos y consecuencias. Lo demuestran claramente muchas de las referencias indicadas en la bibliografía.

Algunos autores, favorables al Acuerdo sobre los ADPIC, sostienen que la protección por patente de los productos farmacéuticos debería conducir a:

• un aumento del flujo de transferencia de tecnología y de la inversión extranjera directa en beneficio de los países en desarrollo, que mejoraría la difusión de los conocimientos tecnoprácticos a nivel mundial;

• un aumento de los recursos destinados a I+D por las compañías farmacéuticas locales de los países en desarrollo, que se traduciría en el desarrollo de nuevos medicamentos más adaptados a sus particulares necesidades (ya que se considera que las patentes estimulan la innovación, al alentar a los inventores a divulgar y comercializar sus invenciones);

• una mejora del bienestar de la población, como consecuencia de un surtido más amplio de productos de mejor calidad;

• el fin del fenómeno de «fuga de cerebros» de los países en desarrollo a los países industrializados, que es consecuencia de la falta de protección de sus invenciones en sus países de origen.

Otros autores, menos optimistas o incluso contrarios al Acuerdo, responden que:

• Los precios de los medicamentos patentados y el importe de los derechos de patente aumentarán, al fortalecerse y prolongarse el monopolio de los titulares de patentes.

• Podría haber una auténtica concentración de la producción en los países industrializados: las compañías multinacionales serán libres de exportar productos acabados o semiacabados antes que transferir tecnología o inversión extranjera directamente a los países en desarrollo.

• La introducción y el fortalecimiento de las patentes para productos farmacéuticos desde luego no inducirán un aumento de la inversión en I+D de las empresas de países en desarrollo, que tienen que luchar con la falta de infraestructura técnica y de recursos financieros y humanos. En cambio, la no patentabilidad de los productos farmacéuticos que existía antes del Acuerdo sobre los ADPIC daba a los países en desarrollo la oportunidad de avanzar y adquirir tecnología de base a través de la ingeniería inversa antes de poder invertir en I+D.

• La sustitución o adaptación de las infraestructuras existentes instaladas para desarrollar imitaciones de productos patentados llevará aparejados costos considerables.

• La aplicación del Acuerdo acarreará costos administrativos sustanciales.

En este momento resulta muy difícil evaluar el impacto del Acuerdo sobre los ADPIC en los países en desarrollo: la estructura del mercado, la situación de la industria farmacéutica local, la balanza de pagos, los hábitos de consumo, el marco legal, la política farmacéutica del país, son factores que hacen de cada Estado un caso particular, especialmente en su percepción de los efectos de la globalización.

Conviene, sin embargo, mencionar unos cuantos puntos.

• Los derechos de propiedad intelectual fueron incluidos en la agenda de la Ronda Uruguay por iniciativa de los países industrializados, consiguientemente a las presiones de diversos grupos económicos. Una serie de factores impulsaron esa iniciativa: en primer lugar, ciertos países seguían negándose a suscribir el Convenio de París, y no existía ningún mecanismo jurídico para obligar a los Estados a respetar sus disposiciones. Al mismo tiempo, la libertad de comercio y la globalización estaban facilitando la imitación de productos de marca*, con el resultado de importantes pérdidas financieras para compañías multinacionales. Finalmente, en el sector farmacéutico en particular, el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual haría posible contener la competencia creciente de la industria de los medicamentos genéricos (a través de inversiones más constantes en I+D gracias a las patentes).

• Las anteriores rondas de negociaciones del GATT se habían limitado a discutir maneras de eliminar obstáculos al comercio en las fronteras nacionales, con miras a lograr una expansión óptima de los intercambios internacionales y un mejor aprovechamiento de las riquezas del mundo. La Ronda Uruguay se propuso la meta mucho más ambiciosa de armonizar las políticas comerciales nacionales, particularmente en lo concerniente a la protección de la propiedad intelectual, ensanchando de ese modo el ámbito del comercio internacional y las competencias de las organizaciones internacionales activas en esa esfera, y reduciendo la jurisdicción soberana nacional de los Estados. Debido a que la distribución geográfica de los conocimientos tecnoprácticos está concentrada en los países industrializados, es probable que esa armonización refuerce la superioridad económica que ya tienen esos países, en particular al prohibir que los países en desarrollo copien un producto nuevo mediante ingeniería inversa y desarrollen así su tecnología.

• El Acuerdo especifica unas normas universales de protección de la propiedad intelectual, que en la práctica son las normas que se aplican en los países industrializados. También enuncia algunas obligaciones generales para la observancia de dichas normas. El Acuerdo, por ejemplo, establece un régimen mínimo uniforme para los derechos de propiedad intelectual aplicable a todos los Miembros de la OMC, sin tener en cuenta las diferencias de su nivel de desarrollo (salvo en lo tocante a los períodos transitorios). Este hecho marca una ruptura radical con la estrategia anterior del GATT, adoptada en la Ronda Tokio, de conceder a los países en desarrollo un trato diferencial y más favorable.

• El Acuerdo sobre los ADPIC establece, en su artículo 2, 1), que las disposiciones sustantivas del Convenio de París (que da normas en relación con las patentes) serán de aplicación a todos los Miembros de la OMC. Con esa referencia, el Acuerdo impone a los Estados Miembros que no han firmado dicho convenio la obligación de regirse por él, lo que equivale a una obligación expresa de aplicar un tratado sin haberlo firmado.

Está, pues, muy claro que las negociaciones de la Ronda Uruguay estuvieron en gran medida dominadas por los países industrializados, y que los países en desarrollo tuvieron que aceptar compromisos a veces contraproducentes para su desarrollo económico y social. Según el Informe sobre el desarrollo humano 1997, “Los países pobres son a menudo grandes perdedores porque las reglas de juego - especialmente las vinculadas con el comercio internacional - presentan sesgos que les son desfavorables. La Ronda Uruguay apenas si modificó ese cuadro”.3

3 UNDP. Human Development Report 1997. Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1997.

Es imperativo, por lo tanto, ser consciente de las posibles consecuencias de los acuerdos de la OMC, en especial del Acuerdo sobre los ADPIC en el sector de los productos farmacéuticos, y optimizar los mecanismos, así como las libertades, previstos en el propio Acuerdo para garantizar la disponibilidad de los medicamentos y la competencia leal.

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