Una medicina es un producto químico más información. Es un cometido muy importante del organismo de reglamentación asegurar que la información sobre medicamentos sea imparcial, correcta, actualizada y fácilmente accesible para los prescriptores y los consumidores.

Examen y aprobación de las hojas de datos sobre productos y de las etiquetas

El sistema de evaluación y registro de medicamentos incluye el examen y la aprobación de las hojas de datos sobre los productos y sus etiquetas. Esta información se difunde normalmente a través de los prospectos o formularios. Es un tema de creciente debate si la información que el ORF utiliza para evaluar la eficacia e inocuidad de los medicamentos nuevos con miras a aprobar su comercialización debe estar al alcance del público, aun en el caso de que dicha información consista en datos no publicados que la compañía pueda considerar confidenciales. Muchos comités farmacéuticos provinciales e institucionales querrían hacer uso de esa información para adoptar sus decisiones sobre directrices clínicas y listas de medicamentos esenciales.

Promoción de medicamentos

La reglamentación orientada a fiscalizar la promoción de medicamentos y asegurar la calidad de la información suministrada es importante para promover su uso más racional. En consecuencia, las políticas farmacéuticas nacionales deben prever la reglamentación de las actividades promocionales. Los Criterios éticos para la promoción de medicamentos de la OMS⁵⁸ pueden servir de base para el establecimiento de medidas de control de la promoción de medicamentos. Los principios rectores son que la promoción debe ser compatible con la política sanitaria nacional y estar en conformidad con los reglamentos nacionales, así como con las normas libremente adoptadas donde existan. Toda la publicidad que contenga afirmaciones relativas a los medicamentos ha de ser fidedigna, exacta, verdadera, informativa, equilibrada, actualizada, susceptible de demostración y de buen gusto.

Para vigilar la calidad de las actividades promocionales se necesitan recursos adecuados y un claro compromiso político de hacer cumplir las normas pertinentes. Entre las sanciones posibles se incluyen la imposición de multas apropiadas y la publicación de retractaciones de las afirmaciones engañosas en los mismos medios de comunicación en que éstas se difundieron.