EL creciente interés por la aplicación de la Declaración de Doha por parte de los interesados en la salud, el comercio y la propiedad intelectual se puso de manifiesto en un amplio examen realizado en una conferencia en Ginebra, en marzo de 2002. Médicos Sin Fronteras, el Proyecto de los Consumidores sobre Tecnología, Acción Internacional para la Salud y Oxfam organizaron conjuntamente esta reunión de un día titulada «Aplicación de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública: Asistencia técnica - cómo hacer que sea idónea». Asistieron unos 175 delegados de oficinas nacionales y regionales de patentes, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la OMS y otros organismos de Naciones Unidas, las universidades, la industria, los donantes y ONG.

El acontecimiento se produjo inmediatamente después de una conferencia de la OMPI sobre el sistema internacional de patentes, en donde se planteó el acceso a los medicamentos y la conveniencia de disponer de un modelo uniforme de propiedad intelectual. Esas cuestiones se hallan en primer plano del programa de salud internacional después de la Declaración de Doha, efectuada en la Conferencia Ministerial de la OMC de noviembre de 2001 (véase el Boletín N^o 30). La Declaración afirmó firmemente que el acuerdo de la OMC sobre Aspectos relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) «puede y debe interpretarse y aplicarse de modo que apoye el derecho de los Miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a fomentar el acceso a los medicamentos para todos».

Al ser la primera reunión internacional importante de los países interesados y las ONG desde la reunión ministerial de Doha, muchos participantes estaban dispuestos a avanzar hacia la aplicación de la Declaración. También se expresó el deseo de evaluar la función que la OMPI, como organismo de Naciones Unidas encargado de desarrollar los sistemas de propiedad intelectual en todo el mundo, puede desempeñar en el proceso. Entre los principales temas de la conferencia figuraron la naturaleza de la asistencia técnica de la OMPI a los países de bajos ingresos, los elementos necesarios para la asistencia técnica apropiada, la cuestión de la «producción para la exportación» y la puesta en práctica de las licencias obligatorias.

Asistencia técnica significativa

Algunos participantes expresaron la preocupación de que el mandato de la OMPI para fortalecer la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo tal vez no sea coherente con la necesidad de establecer diferentes niveles de protección de la propiedad intelectual. Esos niveles tomarían en cuenta las distintas fases del desarrollo económico y las condiciones locales en los países en desarrollo, en particular teniendo en cuenta la crisis en el acceso a los medicamentos esenciales.

En su destacada alocución, el Sr. Roberto Castelo, Director General Adjunto de la OMPI, dijo que la OMPI ha prestado hasta ahora asistencia técnica a 134 Estados Miembros que son países en desarrollo «de modo desmitificado y muy transparente». Aseguró a los oyentes que los consejos jurídicos de la OMPI tienen en cuenta todas las características de flexibilidad disponibles en el Acuerdo ADPIC.

Se debatió sobre la viabilidad de disponer de una ley modelo para la aplicación del ADPIC en los países en desarrollo y algunos participantes instaron a la OMPI a proporcionar ese modelo, incorporando todas las características de flexibilidad confirmadas por la Declaración de Doha. Ciertos participantes señalaron los precedentes jurídicos, en particular el Dr. William Haddad, representante de la industria farmacéutica de genéricos. Indicó que el Canadá había tenido «una ley modelo de licencia obligatoria», refiriéndose a la legislación que resultó «aceptable durante muchos años para las empresas de medicamentos genéricos y de marca», antes del Acuerdo Norteamericano de Libre Cambio. El Sr. James QuashieIdun, Director de Cooperación para el Desarrollo de la OMPI, afirmó que su organización «tomará plenamente en cuenta la Declaración de Doha en la asistencia técnica». El Sr. Castelo también informó a los participantes de que la OMPI iba a celebrar una reunión para los países menos adelantados en Dar es Salaam en abril de 2002, en la que se examinaría la Declaración de Doha y la propiedad intelectual. Participarían la OMS y la OMC.

Compra de medicamentos en una farmacia en Guatemala. Los acuerdos comerciales mundiales y su repercusión en el sector farmacéutico nos afectan a todos (Foto: OMS/OPS/C. Gaggero)

Aplicación de las disposiciones de Doha

Los debates ulteriores se centraron principalmente en puntos concretos de la Declaración de Doha. El Profesor Carlos Correa, de la Universidad de Buenos Aires, señaló que los países menos adelantados chocan con un grave obstáculo práctico, pues el artículo 31.f del Acuerdo ADPIC exige que las patentes obligatorias se utilizarán «principalmente para abastecer el mercado interno». Esta cláusula puede impedir a países en desarrollo que tienen una capacidad nacional de fabricación de medicamentos (por ej., la India) la exportación de cantidades suficientes de medicamentos a los países que no la poseen, haciendo que la patente obligatoria sea una medida sin sentido para muchos países menos adelantados, según afirmó el Profesor Correa. Reconociendo el problema, la Declaración de Doha encargó al Consejo para el Acuerdo ADPIC que «hallara una solución rápida» para fines de 2002. Destacó algunas propuestas actuales para resolver esta situación, destacando el hecho de que «cualquiera que sea el método seguido, debe haber un incentivo suficiente para que las empresas de genéricos suministren a mercados que pueden necesitar más cantidades de un medicamento dado a bajo precio».

Según el Profesor Correa, las patentes obligatorias son «parte integrante del sistema de patentes para garantizar cierta competencia». Dada la importancia del tema, muchos participantes se mostraron dispuestos a examinar el modo de aplicación de las patentes obligatorias en los países industrializados, en particular en los Estados Unidos y el Reino Unido. En ambos países es corriente la práctica del «uso gubernamental» y dos oradores explicaron a los delegados cómo esta práctica sirve a menudo igual finalidad que las patentes obligatorias.

Sin embargo, desde la perspectiva de la industria «la patente obligatoria no es necesaria para mejorar el acceso a una atención asequible de buena calidad», según el Dr. Eric Noehrenberg, de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica. En lugar de ello pidió a los participantes que «impulsen a los gobiernos a aceptar las ofertas efectuadas por mis empresas», como son los donativos de medicamentos y los descuentos en los precios.

Otra cuestión primordial es la posibilidad de que los propietarios de las patentes presenten denuncias jurídicas largas y costosas si un país trata de establecer una licencia obligatoria. De nuevo se presentaron varias soluciones y algunos participantes estimaron que la OMPI podía acelerar los acontecimientos.

También se consideró la transferencia de tecnología como elemento indispensable para establecer la capacidad de producción en busca de una solución realmente sostenible.

Conforme a la Declaración, los países Miembros desarrollados están obligados a presentar informes al Consejo para el ADPIC a fines de 2002, detallando sus esfuerzos para crear incentivos a favor de la transferencia de tecnología hacia los países menos adelantados.

Hacia adelante

La conferencia puso de manifiesto un gran entusiasmo entre los países en desarrollo por aplicar las disposiciones de la Declaración de Doha, a fin de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales. Se formularon propuestas concretas para aprovechar la Declaración, incluidos los medios para poner en práctica las licencias obligatorias y ejemplos de una posible legislación modelo. La amplia gama de participantes en la Conferencia puso de manifiesto la creciente preocupación por los derechos de la propiedad intelectual, no sólo entre los especialistas en la materia sino entre los decisores políticos implicados en la salud, el desarrollo y el comercio.

Para obtener información adicional diríjase a: Médicos Sin Fronteras, PO Box 6090, 1211 Ginebra 6, Suiza.