Los titulares de patentes (o sus gobiernos) pueden utilizar medidas legales, por ejemplo mandatos judiciales, para retrasar o intentar evitar la ejecución de una licencia obligatoria. Conviene también comprobar si se puede recurrir a otros instrumentos, como acuerdos bilaterales de inversiones (que a menudo consideran la propiedad intelectual como un «activo» sujeto a sus propias normas).