Boletín de medicamentos esenciales - No. 028 & 029 - Número doble
(2000; 36 páginas) [English] [French] View the PDF document
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Las patentes desde la perspectiva de la salud pública

CARLOS CORREA*

* Carlos Correa es Director del Programa de Maestría en Política y Gestión de Ciencia y Tecnología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es un especialista en derecho mundial sobre la propiedad intelectual e intervino en las negociaciones sobre el Acuerdo ADPIC durante la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales. Puede hallarse información adicional sobre las opciones jurídicas para establecer leyes nacionales compatibles con ADPIC en los nuevos libros del Profesor Correa: Integración de las preocupaciones por la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo y Los derechos de la propiedad intelectual, la OMC y los países en desarrollo. (Véase Publicaciones recientes.)

Entre otros documentos útiles figuran los siguientes: «Globalization and access to drugs. Perspectives on the WTO/TRIPS Agreement». (Mundialización y acceso a los medicamentos. Perspectivas sobre el Acuerdo OMC/ADPIC). Economía de la Salud y Medicamentos, Serie EDM No 7, y «Globalization, patents and drugs: an annotated bibliography». (Mundialización, patentes y medicamentos: una bibliografía anotada). 2ª ed. Economía de la Salud y Medicamentos, Serie EDM No 10. Ambos documentos pueden obtenerse gratuitamente dirigiéndose a: Departamento de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) exige a todos los países Miembros de la OMC que adapten su legislación a las normas mínimas establecidas por el Acuerdo, dentro de los periodos de transición establecidos. Los países en desarrollo se enfrentan con un reto especial para cumplir las obligaciones comerciales internacionales, en particular el Acuerdo ADPIC, que abarca los derechos de propiedad intelectual de los productos y procesos farmacéuticos.

El procedimiento por el que los países reformen su legislación puede tener un importante efecto en las políticas de salud pública, y en particular en el acceso a los medicamentos. Cualquier sistema de derechos de propiedad debe establecer un equilibrio entre crear incentivos para la innovación y satisfacer la necesidad de la población de que los productos protegidos estén disponibles y sean asequibles. Así, cuando establecen sus propias reglas de derechos de la propiedad intelectual, es importante que los países en desarrollo perciban el alcance que tienen, en el marco de los tratados internacionales, para promulgar sus propias leyes sobre patentes.

El Acuerdo ADPIC no establece una legislación internacional uniforme ni siquiera requisitos jurídicos uniformes. Los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio deben cumplir las normas mínimas del Acuerdo, pero los países pueden adoptar de modo legítimo reglamentos que aseguren un equilibrio entre las normas mínimas de la protección de la propiedad intelectual y el bien público. Por otra parte, pueden adoptar medidas que favorezcan el bienestar social y económico (Artículo 7 del Acuerdo). Entre ellas figuran las medidas necesarias para proteger la salud pública, la nutrición y el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico. Los países pueden también adoptar medidas para evitar el abuso de los derechos de la propiedad intelectual (Artículos 8.1 y 8.2).

En aquellos países que están obligados a introducir la protección de patente para los productos farmacéuticos como resultado del Acuerdo ADPIC, las patentes sólo podrán concederse a los productos cuya solicitud de patente se realizó después del 1 de enero de 1995. Ello significa que otros productos (incluidos aquéllos de patente ya solicitada o patentados en otros países o comercializados antes de esa fecha) quedarán en el dominio público. Constituyen una excepción las leyes nacionales que permiten la protección retroactiva de los llamados productos «pipeline» (en fase de desarrollo o tramitación), como es el caso en el Brasil.

Cabida para las diferencias nacionales

Dados los diversos objetivos nacionales, no es sorprendente que haya divergencias en los sistemas de patente de los países, significativas en algunos casos. No existe un solo «sistema de patente». Por otra parte, las soluciones adoptadas en determinados países han cambiado con el tiempo. Tratan de modos bastante distintos los aspectos específicos de las patentes (requisitos de elegibilidad, alcance de la protección, excepciones a los derechos exclusivos y licencias obligatorias). Al establecer sus propios reglamentos de derechos de la propiedad intelectual, los decisores y legisladores de los países en desarrollo deben tener en cuenta ese elemento. Tendrán el mayor éxito al satisfacer sus propias necesidades si pueden basarse en las experiencias de los sistemas nacionales en todo el mundo.

Algunos países, en particular países en desarrollo, han optado por sistemas jurídicos que confieren fuertes derechos de patente. Lo han hecho así para proteger los ingresos de su base tecnológica ya establecida y promover las inversiones en la innovación tecnológica. Sin embargo, en tales países se debate ampliamente respecto al nivel y el alcance de la protección de carácter óptimo para impulsar la innovación sin restringir indebidamente la libre circulación de ideas y fortaleciendo la competencia. En algunos países se expresa una creciente preocupación por las insuficiencias del proceso de examen y por la proliferación de patentes de baja calidad. Por otra parte, los aspectos económicos de la legislación sobre patentes son todavía un sector impreciso, en el que faltan un vigoroso marco teórico y pruebas empíricas.

Verificaciones y equilibrios

Los países de tecnologías menos avanzadas pueden preferir la promoción de la transferencia de las tecnologías necesarias para el desarrollo, conservando y fomentando la competencia. Al hacerlo así garantizan el acceso a bienes, servicios y tecnologías en las condiciones más favorables del mercado. Incluso en los países con mayor protección de los derechos de la propiedad intelectual, la legislación nacional dispone verificaciones y equilibrios, con objeto de proteger frente al posible abuso de los poderes concedidos por la protección.

Al establecer un sistema nacional de patentes, las instancias decisorias deben examinar aspectos tal vez contradictorios, por ejemplo: protección de la salud pública y el medio ambiente, promoción de la competencia y la transferencia de tecnología, protección de los consumidores y apoyo a los pequeños inventores locales. Los países deben respetar también los derechos de los inventores a una recompensa por su contribución al progreso técnico. Deben examinarse cuidadosamente otras medidas reglamentarias que influyen en la salud pública, como son las relativas al registro de medicamentos, de modo que haya un marco jurídico coherente que mejore el acceso a los medicamentos.

Enfoque sensible hacia la salud

Un enfoque sensible hacia la salud de la legislación sobre patentes puede tener en cuenta situaciones de emergencia a corto plazo que justifican distintas medidas temporales (por ejemplo, suministro de medicamentos en los casos de epidemias o catástrofes naturales). El enfoque puede formar parte de una política de patentes integrada a plazo medio o largo. En algunos casos, un país puede (dentro de los límites permitidos por sus obligaciones internacionales) optar por distintos niveles de protección en diferentes sectores de la propiedad intelectual. El nivel dependerá de su situación competitiva y de la función prevista de los inversionistas nacionales y extranjeros y de los proveedores de tecnología. Puede, por ejemplo, resaltar la protección para las tecnologías de la información, mediante altos niveles de protección del derecho de autor para los programas informáticos y las bases de datos. Al mismo tiempo puede conceder menores niveles de protección en sectores en donde son bajas las capacidades industriales y tecnológicas locales, y en donde es improbable que se alcance una significativa mejora mediante un alto nivel de protección de patentes.


Toma de medicamentos en Guatemala. Los acuerdos comerciales internacionales no afectan sólo a la población de los países industrializados ricos - Foto: OMS/OPS/C. Gaggero

El modo de realizar esas opciones debe ser coherente con el nivel de desarrollo del país, en particular su capacidad de investigación y fabricación en el sector farmacéutico. Las opciones elegidas por un gran país en desarrollo con capacidades significativas pueden diferir de las preferidas por un país de pequeña economía que depende total o notablemente del suministro extranjero de productos farmacéuticos. Asimismo, la legislación sobre patentes puede evolucionar con el desarrollo del país. Sin embargo, debe recordarse que los problemas de acceso a los medicamentos causados por la pobreza y los bajos ingresos son corrientes en la mayoría de los países en desarrollo.

Opciones a considerar

La protección de la salud pública es una de las cuestiones más acuciantes en los países en desarrollo. Una gran parte de la población mundial carece todavía de acceso a los medicamentos esenciales. En las partes más pobres de África, por ejemplo, más del 50% de la población carece de ese acceso. Se calcula que 1500 millones de personas no sobrevivirán hasta la edad de 60 años y que más de 880 millones no tienen acceso a la atención de salud. De los más de 33 millones de personas VIH-positivas del mundo, el 95% vive en países en desarrollo y la mayor parte de ellas no pueden adquirir los medicamentos necesarios. Para abordar esa dramática situación se requiere un enfoque integrado de las cuestiones profundamente interrelacionadas de política sanitaria nacional, política farmacéutica y política de patentes. Ninguna de esas políticas se puede configurar ni realizar aisladamente.

Para que los países en desarrollo no queden desfavorecidos por los nuevos reglamentos comerciales, deben examinar las opciones para elaborar y realizar políticas de patentes sensibles hacia la salud pública. Debe existir un equilibrio entre los intereses públicos y privados implicados, incluidos los derechos de los Estados, los pacientes y los proveedores de bienes y servicios relacionados con la salud.

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