La eficiencia terapéutica, que deriva de la elección y el uso apropiado de medicamentos de inocuidad y efectividad probadas, es la clave para lograr los objetivos de la política farmacéutica y debe conducir a una mayor eficiencia económica en el sector de la salud por medio de la eliminación de los desperdicios. Sin embargo, lo contrario no es necesariamente cierto.

Los cambios en el sector de la salud, incluidos los asociados con la competencia y los incentivos económicos en el sector privado, pueden conducir a mayor flexibilidad y eficiencia en la gestión, pero pueden también proporcionar incentivos económicos para la prescripción y el uso irracionales de los medicamentos.

Todo esfuerzo destinado a mejorar el carácter asequible, la disponibilidad y la calidad de los medicamentos, en los sectores tanto público como privado, debe acompañarse de esfuerzos sostenidos para mejorar el uso racional de los medicamentos. Esas medidas son variadas e incluyen, aunque sin limitarse a ellas, la educación del público y los pacientes, la elaboración de programas de estudios sobre el uso racional y la formación de los prescriptores.

Teniendo en cuenta que el logro de las metas de salud pública exige eficiencia terapéutica, el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar la promoción del uso racional de los medicamentos, cualesquiera que sean los mecanismos seleccionados para financiar y proporcionar esos productos.