La experiencia con sistemas alternativos de suministro público de medicamentos es limitada, y no existen análisis sólidos de su eficacia y sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, a fin de ahondar en las preguntas planteadas en relación con la contratación de servicios de salud en general [69 y 74], al evaluar la posibilidad de utilizar mecanismos de mercado en el suministro público de medicamentos es preciso plantearse los interrogantes siguientes:

• ¿Se producirá una verdadera competencia? Tanto el sistema de entrega directa como el sistema del vendedor principal se basan en la competencia como medio para favorecer la eficacia. Si el sector privado está poco desarrollado, la contratación puede limitarse a sustituir un monopolio estatal por otro privado, sin aparente reducción de los costos o mejora del servicio.

• ¿Es posible mantener la calidad de los medicamentos y los servicios? Los contratistas pueden tratar de reducir los costos de forma irregular, lo que puede influir negativamente tanto en la calidad del servicio (medida en función de las situaciones de escasez o agotamiento de existencias) como en la calidad de los medicamentos suministrados.

• ¿Mejorará realmente la eficiencia? Si la reducción de los costos conlleva una reducción de la calidad, el resultado de la mayor eficiencia es dudoso.

• ¿Puede el gobierno negociar y supervisar eficazmente los contratos? Para que la contratación competitiva dé sus frutos es necesario que el gobierno tenga suficiente capacidad de negociación y vigilancia. En los contratos es preciso especificar la calidad del servicio con suficiente detalle e incluir las sanciones aplicables a los contratistas que infrinjan las normas de calidad. Asimismo, es preciso vigilar los servicios contratados para asegurar que se prestan de la forma especificada en el contrato. El gobierno puede estar sujeto a limitaciones en su capacidad de actuación que le impidan desempeñar esas funciones eficazmente.

• ¿Habrá financiación suficiente? Los mecanismos de suministro alternativos pueden dar como resultado la entrega de mayores cantidades de medicamentos para determinado presupuesto, pero no resolverán los problemas de financiación insuficiente. El retraso del Estado en los pagos a los contratistas suele ser la principal razón dada por las empresas del sector privado para explicar su desinterés por los contratos públicos objeto de licitación. Así pues, la cuestión de la suficiencia financiera puede también afectar al nivel dé competencia.

• ¿Habrá consecuencias imprevistas más amplias? El establecimiento de un contrato a largo plazo con una empresa del sector privado puede expulsar del mercado a otras empresas, lo que se plasmará en una menor competencia en el futuro. La inversión de una cantidad sustancial de fondos en un único contrato puede distorsionar la asignación de recursos en el sector farmacéutico en su conjunto. Es necesario que los funcionarios encargados de realizar los contratos sean conscientes de los efectos que pueden tener a largo plazo los acuerdos que negocian para todo el sistema.

Precisamente, el grado de idoneidad de los modelos expuestos en la sección 5.1 para determinado país o región depende decisivamente del análisis de los problemas y las condiciones institucionales allí existentes, en particular respecto a las seis preguntas anteriormente formuladas. Aunque en este momento la información disponible es insuficiente para extraer conclusiones firmes, es posible establecer algunas reglas aproximativas sobre las opciones de política adecuadas.

• La eficiencia de un sistema de entrega directa o de vendedor principal depende de que el sector privado esté bien desarrollado. En los países sin un sector privado desarrollado, esas soluciones al problema del suministro carecen de sentido, al menos a corto plazo. Los esfuerzos deben centrarse ante todo en mejorar la eficiencia de los sistemas de suministro públicos ya existentes y, quizás, en crear el tipo de entorno comercial que puede favorecer la entrada de empresas privadas en el mercado.

• Si un depósito central de suministros médicos ya existente atraviesa por problemas (tales como la incapacidad para contratar y despedir personal o la dependencia forzosa de un consorcio de transportes ineficaz) atribuibles a una reglamentación oficial demasiado rígida, un organismo público y autónomo de suministro puede tener algunas ventajas. Sin embargo, sin un verdadero compromiso del Gobierno con el proyecto de un organismo autónomo y sin una exposición de funciones y un mandato adecuados, es posible que el organismo autónomo experimente problemas muy similares a los del depósito central de suministros médicos.

• Cada modelo requiere un tipo diferente de capacidad estatal. Mientras que los modelos basados en un depósito central de suministros médicos o un organismo de suministro autónomo requieren una importante infraestructura material (para comprar, almacenar y distribuir los medicamentos), los sistemas de entrega directa y de vendedor principal precisan capacidad para negociar, establecer contratos y vigilar su cumplimiento. El Estado debe examinar qué aspectos de su capacidad son más sólidos.

• La eficacia de los mecanismos de contratación y el tipo de contratos que resulten adecuados pueden depender considerablemente del tipo de organización contratada para prestar el servicio. Así, es más probable que las organizaciones sin fines lucrativos tengan objetivos similares a los del Gobierno. Si el vendedor principal es una organización sin fines de lucro, como por ejemplo la MEDS (véase el recuadro 2), tal vez no se necesiten procedimientos de vigilancia gubernamentales tan rígidos como los aplicados a una empresa con fines lucrativos.