Los países deben considerar la falsificación de medicamentos un delito grave y el poder judicial debe estar facultado para imponer condenas severas de acuerdo con la naturaleza de la contravención. Se han formulado muchos pedidos para la imposición de sanciones muy graves.

Los casos de falsificación deben recibir prioridad y manejarse de manera expeditiva en el sistema judicial y los tribunales deben tener el poder para ordenar la confiscación, el decomiso y la destrucción de todo medicamento falsificado detectado.