Mantener la disponibilidad de medicamentos en el sector público ha seguido siendo una prioridad de los gobiernos. Aparentemente, las políticas de contención del gasto sanitario público de la última década contribuyeron a reforzar la elaboración de cuadros básicos de medicamentos y su distribución, fundamentalmente gratuita, en centros de salud, boticas populares y hospitales públicos. Sin embargo, se redujo el número de países donde el proceso de compra está centralizado. En consecuencia, las instituciones públicas de los países se conciertan para comprar y, cada vez más, compran genéricos. A este impulso contribuyó la Conferencia Latinoamericana sobre Aspectos Económicos y Financieros de los Medicamentos (Caracas, 1992) que recomendó la estrategia de medicamentos esenciales y la introducción de genéricos como la mejor solución al problema de la disponibilidad (PAHO, 1994, p. 49).
Por otro lado, el manejo gerencial de las funciones de compra, almacenaje, conservación y distribución sigue siendo débil en muchos países, aún más en los ministerios que en las cajas del seguro. Muchos países están instaurando modalidades de copago para ciertos medicamentos.
En los últimos cuatro años el 62 por 100 de los países latinoamericanos ha revisado sus listas básicas de medicamentos, disminuyendo tanto el número de principios activos como de presentaciones. En 1992 el número de principios activos oscilaba de 173 (Rep. Dominicana) a 460 (Colombia) y el de presentaciones iba de 220 (Panamá) a 995 (Chile). Conviene advertir que en ningún caso las listas básicas son obligatorias para el sector privado.
Afortunadamente, en la mayoría de los países ya es obligatorio contar con servicios de farmacia hospitalarios y en muchos de ellos existen comisiones y guías farmacoterapéuticas y sistemas unidosis. En muchos menos, la obligación se extiende al nivel primario.