Según el primer estudio global disponible (OPS, 1994c) en 1990, el cobro por servicios daba cuenta de, aproximadamente, un 56 por 100 del total del financiamiento del sector. Los recursos obtenidos por impuestos y empleados directamente por los gobiernos centrales (o canalizados por éstos a las entidades de seguro social) más los fondos procedentes de los gobiernos regionales o locales, daban cuenta del 21,3 por 100. Las cuotas de empresarios y trabajadores a las entidades de seguro social significaban un 18,7 por 100. Y el 4 por 100 restante provenía de otras fuentes.

Teniendo en cuenta la escasa importancia del cobro por servicios en las instituciones públicas, se puede afirmar que la mayor parte de esos fondos gastados por los ciudadanos fueron canalizados hacia proveedores privados. Conviene advertir que buena parte de los profesionales que trabajan en el sector público declaran que la práctica privada es su principal fuente de ingresos. Para muchos, la práctica en instituciones públicas es una forma de mantener y ampliar clientela y de tener acceso a tecnologías de alto coste difíciles de mantener de forma privada. Esta tendencia parece haberse acentuado durante la última década.